En el desarrollo de proyectos energéticos, especialmente aquellos vinculados a fuentes renovables como la eólica, se ha vuelto cada vez más evidente que la transparencia temprana sobre los potenciales impactos no es solo una buena práctica, sino una condición necesaria para construir relaciones de confianza con los territorios.
La experiencia nacional e internacional ha demostrado que ocultar, minimizar o postergar información relevante sobre afectaciones potenciales como cambios en el paisaje, ruidos, parpadeos de sombra o intervenciones sobre el territorio, puede tener un costo muy alto, tanto para la viabilidad de los proyectos como para la reputación futura de las empresas.
La ausencia de Licencia Social para Operar (LSO) no solo genera rechazo frente a proyectos específicos, sino que puede desencadenar un “efecto contagio”, donde las comunidades, a partir de experiencias negativas previas propias o de otros territorios, adoptan una actitud de desconfianza generalizada hacia nuevas iniciativas, aún previo a conocer sus detalles técnicos o ambientales.
Esta lógica se está viendo reflejada en la recepción que están teniendo algunos proyectos al ser presentados a las comunidades, donde distintas organizaciones sociales han comenzado a expresar una temprana oposición. Los argumentos no nacen del rechazo a las #energíasrenovables en sí, sino de la percepción de que no se está siendo honesto respecto de los efectos reales que estos proyectos pueden tener. Las comunidades hacen referencia explícita a reportajes televisivos y artículos de prensa que documentan los impactos de ruido y sombra en otras localidades del país, lo que refuerza la idea de que las promesas de bajo impacto no siempre se cumplen.
Este fenómeno pone en riesgo no solo los proyectos específicos que se encuentran en desarrollo, como ha ocurrido con múltiples iniciativas abortadas en el camino, sino que puede comprometer la confiabilidad de las empresas e incluso la agenda futura de desarrollo de las #ERNC en el país.
Frente a este escenario, es imperativo reforzar la política de transparencia temprana. Informar con claridad, desde el inicio del relacionamiento, sobre los riesgos, afectaciones o transformaciones que podría conllevar un proyecto, permite que las comunidades puedan evaluar con argumentos objetivos, y que la empresa identifique resistencias legítimas antes de invertir tiempo, recursos y capital político.
La transparencia, sin embargo, no se agota en la etapa inicial del diálogo. Comunicar con claridad es solo el primer paso; cumplir con lo que se promete es lo que realmente consolida la confianza. En muchos casos los compromisos adquiridos, como detener aerogeneradores en ciertos horarios para mitigar el ruido o el parpadeo de sombra, son lo que permite alcanzar acuerdos con las comunidades. Pero cuando estos compromisos no se cumplen de forma rigurosa, el costo reputacional es altísimo: las comunidades no solo pierden la confianza en ese proyecto, sino también en cualquier futura instancia de diálogo. La coherencia entre lo que se dice y lo que se hace es, hoy más que nunca, una condición básica para sostener la Licencia Social para Operar.
Más aún, una postura clara y transparente no solo anticipa conflictos, sino que fortalece la credibilidad de la empresa ante autoridades, medios, y otras comunidades en las que se quiera desarrollar proyectos en el futuro.
Hoy, la pregunta no es si un proyecto es “perfecto” o “sin impacto”, sino si la empresa está dispuesta a construir confianza desde la verdad, y a rediseñar sus procesos para incorporarse de manera armoniosa en los territorios, considerando a las comunidades como actores válidos con los cuáles es posible construir relaciones positivas.
